El blanqueo laboral impulsado por el Gobierno tiene como objetivo formalizar a los trabajadores no registrados en el país, pero dejó fuera a más de un millón de empleadas domésticas. Según denuncias de abogados laboralistas y referentes del sector, esta exclusión afectará a uno de los grupos más vulnerables de la economía informal.

Carlos Brassesco, apoderado de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP), criticó duramente la decisión del Gobierno. "El decreto incorpora una exclusión que no figura en la ley, dejando fuera de la posibilidad de regularización laboral al sector más afectado por la informalidad", señaló Brassesco.

En Argentina, se estima que cerca de 1,7 millones de personas trabajan en tareas domésticas, pero solo 500.000 están formalmente registradas.

El Decreto 847/2024, que permite la regularización de relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas hasta el 31 de julio de 2024, no contempla a las empleadas domésticas en su esquema de blanqueo.

Este grupo representa más del 70% de los trabajadores en negro, de los cuales el 97% son mujeres. A pesar de las expectativas generadas por la Ley 26.844 de 2013, que regula el empleo doméstico y busca proteger los derechos laborales de este sector, la falta de inclusión en el blanqueo actual deja a millones sin la posibilidad de formalización.

El gobierno nacional había incluido en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la derogación del artículo 50 de la Ley de Empleo Doméstico, que contempla una indemnización agravada en caso de registración deficiente o falta de registración pero un fallo judicial anuló esta parte del DNU, lo que generó incertidumbre en el sector.

El blanqueo laboral establecido por el Decreto 847/2024 incluye condonación de infracciones y deudas por capital e intereses para los empleadores que regularicen a sus trabajadores. Sin embargo, el personal doméstico no podrá acceder a estos beneficios.

Además, quienes logren ser regularizados recibirán un reconocimiento limitado de hasta 60 meses de aportes, calculados en base al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), lo cual no impactará en el cálculo de sus haberes previsionales.

Esta decisión ha generado preocupación entre los gremios que representan a las trabajadoras domésticas. Sonia Kopprio, secretaria general del Sindicato de Empleadas en Casas de Familia de Río Negro y Neuquén, enfatizó que esta exclusión profundiza la precarización laboral de un sector que ya enfrenta múltiples dificultades.

"Nosotras luchamos por un reconocimiento integral de nuestro trabajo. El Gobierno no puede dejarnos fuera de un proceso que debería incluirnos a todas", afirmó en diálogo con el portal Río Negro. "Es inconcebible que un decreto que busca la regularización deje fuera a un sector donde más del 70% de las trabajadoras están en negro", concluyó Brassesco.

Negociaciones salariales en medio de la crisis

A la par de este contexto, las trabajadoras domésticas están en plena negociación paritaria para asegurar una recomposición salarial que les permita enfrentar la creciente inflación. En las últimas discusiones, Sonia Kopprio anticipó que buscarán un aumento del 12% para el próximo bimestre. Este ajuste llevaría el salario de la quinta categoría mensual y sin retiro a $400.232 brutos.

La negociación, que inicialmente estaba pautada para el 18 de septiembre, se concretó el martes 24. El ofrecimiento inicial de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) fue de apenas un 3%, lo cual fue rechazado rotundamente por las representantes de las trabajadoras.

Mientras tanto, en octubre, las trabajadoras de casas particulares que son madres de hijos entre 15 y 17 años podrán acceder a la Tarjeta Alimentar, un beneficio otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Este programa, que busca combatir la indigencia infantil, fue extendido recientemente para cubrir a adolescentes de ese rango de edad, según informó Yanina Nano Lembo, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia.